Agenda Global para la Reforma del Estado

Porfirio Muñoz Ledo:

1.   Sistema electoral y representativo:

- Regulación de las precampañas

- Reducción de tiempos y costos electorales

- Control de aportaciones privadas

- Fiscalización de gastos

- Equidad en la radio y la televisión

- Voto en el extranjero

- Responsabilidad de los partidos

- Reelección de diputados, senadores y ayuntamientos

- Segunda vuelta electoral

- Consejo económico y social

- Referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato

2.   Derechos humanos, seguridad y justicia:

- Reformas al sistema de administración de justicia y sus procedimientos,

- Autonomía del Ministerio Público

- Sistema nacional de seguridad pública

- Integración de todos los derechos humanos en un capítulo de la Constitución

- Abolición de la pena de muerte

- Presunción de inocencia

- Jerarquía constitucional de los tratados y su conversión a derecho interno

3.   Federalismo, municipios y autonomías:

- Reforzamiento de las instituciones federativas

- Arbitraje constitucional

- Sistema competencial

- Régimen fiscal

- Reforma municipal

- Constitución del Distrito Federal

- Subsidiariedad política y descentralización administrativa

- Solución al problema de las autonomías

4. Equilibrio y fortalecimiento de los poderes:

- Redefinición de la forma de gobierno

- Relaciones Ejecutivo-Legislativo

- Modernización del Congreso

- Reforma administrativa y combate a la corrupción

- Entidades federales autónomas

- Gestión de la empresa pública

- Corte Constitucional

- Políticas y consejos del Estado

5.   Reforma laboral y social:

- Reformas a la Ley Federal del Trabajo

- Aliento a la productividad

- Libertad sindical

- Seguridad social y régimen de pensiones

- Sistema nacional de salud

- Federalización educativa

- Aumento de la escolaridad y de la calidad

- Compromisos con la igualdad

6.   Energía y recursos naturales:

- Sistema democrático de decisiones

- Política de hidrocarburos, fuentes nuevas y renovables

- Inversiones en electricidad y conversión al hidrógeno

- Economía mixta y régimen de gestión

- Desarrollo sustentable y administración de recursos

7.   Finanzas públicas:

- Reforma fiscal distributiva

- Competencias federativas en las fuentes de contribución

- Sistemas de cobro, simplificación administrativa y compactación de impuestos

- Programación y ejercicio del gasto, controles y sanciones

8.   Desarrollo económico:

- Fomento a la economía interna

- Reconversión industrial

- Economía agrícola y agropecuaria

- Inversión pública y crecimiento

- Competitividad, pequeña y mediana empresa

- Política financiera y suficiencia del sistema bancario

- Impulso y diversificación de las exportaciones

9.   Política exterior del Estado:

- Principios de política exterior y armonización del interés nacional

- Procedimientos para la adopción de tratados y su conversión en leyes internas,

- Facultades del Senado en materia de tratados y convenciones

- Consejo Nacional de Política Exterior

- Obligaciones constitucionales con los mexicanos del exterior

- Supranacionalidad latinoamericana

10.   Revisión integral de la Constitución:

- Objetivos y alcance de la revisión constitucional

- Nueva sistemática constitucional

- Definición del método,

- Valorar la creación de una Comisión Constitucional del Congreso

- Estabilidad y certidumbre de la Constitución

- Comisión para el bicentenario de la independencia de México

Temas a reflexionar

Intelectuales  preguntan a  los candidatos a la Presidencia sobre estos temas

Seguridad, ejército, política y Ministerio Público

Transparencia y corrupción

Rendición de cuentas

Educación

Inversión y crecimiento

Empleo

Impuestos, subsidios y exenciones

Impuestos y seguridad social

Monopolios públicos

Sindicatos públicos

Prácticas monopólicas privadas

México y el mundo

Valores contemporáneos y equidad de género

Poder a los votantes

ZONA FRANCA http://bit.ly/Hfx4rr

27 marzo, 2012 Por: Redacción

2017: La nueva Constitución

Maite Azuela

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/06/59129.php

Con la alternancia del 2006 la euforia por consolidar la transición democrática despertó el natural interés de construir un nuevo pacto social. Perdimos la oportunidad para dotarnos de reglas nuevas que constituyeran un contrato nacional actualizado, con el objetivo de colocar al ciudadano en el centro de la vida pública. Fue un momento clave para capitalizar el entusiasmo que generaba dejar atrás el gobierno del partido hegemónico y  más de medio centenario en el que la oposición sólo jugó un papel secundario en la toma de decisiones.

Pueden ser muchas y diversas las razones por las que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se decidieron a ser los impulsores de esta labor. Habrá quien interprete su omisión en términos de imposibilidad político-estructural, habrá quien lo lea como un acto consciente de autolimitación. El hecho es -como comenta Cesar Cansino-  que contando con todo el trabajo que impulsó Porfirio Muñoz Ledo en la Comisión de estudios para la Reforma del Estado, Fox disolvió el esfuerzo con la típica práctica dilatoria que convoca a mesas de diálogo para convertir lo que debía ser una decisión de Estado en un proceso burocrático. Así abandonó disimuladamente la causa. Lo mismo sucedió con el proyecto de reforma del Estado, cuya comisión legislativa encabezó Manlio Fabio Beltrones, que a pesar de la cantidad de recursos económicos con que contó, no produjo un solo cambio. Calderón tenía menor capital político que Fox así que midiendo su fuerza lanzó un proyecto de reforma política mutilado desde su gestación.  Sabemos ya todos lo que ha resultado de esa iniciativa, que  además puede de quedarse sin ser aprobada en los congresos locales, una vez terminado este sexenio. 

El tema se diluye si se olvida. La atención ahora se concentra en los procesos electorales. Se colocan todas las expectativas de cambio en quienes van a ocupar la silla presidencial. Y parece que los aspirantes a sentarse ahí no tienen en mente la necesidad de una nueva Constitución. Vázquez Mota porque, a pesar de ella misma, representa la continuidad de los gobiernos panistas que no tuvieron la habilidad ni la determinación para reconstruir el marco normativo en el que la democracia no fuera un reducto de los procesos electorales. Peña Nieto y su partido tuvieron intentos, incluso durante las dos últimas legislaturas, de construir mayorías artificiales y cerrar los procesos democráticos a sistemas representativos piramidales, cancelando cualquier posibilidad de aspirar a sistemas democráticos participativos. López Obrador no puede ahora renunciar a la autocontención para no asustar a quienes pueden verlo como un peligro, pero en su discurso tampoco se deja ver alguna intención de recurrir a un nuevo constituyente para habilitar reglas distintas. Tampoco hay en los discursos de quienes pretenden ser legisladores alguna señal de que impulsaran una reforma integral de largo plazo.

El tema no parece ser apropiado en este momento. En los cálculos de los candidatos hablar de una nueva Constitución resta puntos. Sin duda replantear la Carta Magna tiene riesgos. Lo menos que genera es escepticismo. Las dudas se pueden disipar con argumentos, pero la alerta puede enquistarse en el temor a un retroceso autoritario. No es en los partidos ni en los candidatos en donde veremos el impulso de un cambio jurídico integral, porque saben que sus privilegios correrían riesgo.

Serán los integrantes de la academia, los intelectuales, la sociedad civil organizada, los activistas y estudiantes, quienes den hilo al tejido de este nuevo pacto. El esfuerzo que tiene ya avanzado el Instituto de Estudios de la Transición Democrática (IETD) para repensar nuestro sistema político como un modelo parlamentario con miras a resolver la desigualdad, el foro convocado por La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) la semana pasada en Jalisco para reflexionar sobre las posibilidades de contar con una nueva Constitución, la agenda que el movimiento #yosoy132 genere una vez superado el proceso electoral y los acuerdos de la Cumbre Ciudadana, son semillas que pueden darle vida y articulación a este proyecto.

Suena descabellado pero vale la pena imaginarlo. Amanezcamos el 5 de febrero de 2017 con una Nueva Constitución en la que no nos conformemos más con una democracia representativa y aspiremos a ser una democracia participativa con una sociedad igualitaria.

Stream La Mera Constitución

Stream en vivo del foro: http://www.ustream.tv/channel/nuevaconstitucion

Antecedentes Históricos de la Constitución

La Secretaría de Gobernación  presenta en esta publicación los antecedentes
históricos y nuestras normas  constitucionales, desde el Bando por el que Miguel Hidalgo y Costilla suprime la esclavitud en 1810, hasta el texto de la publicación original de la Constitución vigente, de 1917.
Con este libro se tiene el propósito de hacer una doble contribución: por una parte, al conocimiento de los
textos que nos han regido con carácter supremo y aquellos programáticos que los han antecedido, y por otra, a la consolidación de la cultura de la legalidad mediante el acceso a estos mismos textos reuniéndolos en un solo volumen, con su contenido original






1. Bando de Abolición de la Esclavitud (1810)
2. Constitución Política de la Monarquía Española (1812)
3. Elementos de nuestra Constitución (1812)
4. Sentimientos de la Nación (1813)
5. Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mejicana (1814)
6. Documentos para la Independencia de México (1821)
• Plan de Iguala
• Tratados de Córdoba
• Acta de Independencia
7. Acta de Casamata (1823)
8. Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano
(1823)
9. Acta Constitutiva de la Federación (1824)
10. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos
(1824)
11. Bases para la nueva Constitución (1835)
12. Leyes Constitucionales (1836)
13. Bases adoptadas por el Ejército de Operaciones en Tacubaya (1841)
14. Bases de Organización Política de la República Mexicana
(1843)
15. Plan de la Ciudadela (1846)
16. Acta Constitutiva y de Reformas (1847)
17. Bases para la Administración de la República, hasta la
promulgación de la Constitución (1853)
18. Plan de Ayutla (1854)
19. Plan de Acapulco, modificando el de Ayutla (1854) 
20. Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana
(1856)
21. Constitución Federal  de los Estados Unidos Mexicanos
(1857)
22. Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865)
23. Programa del Partido Liberal Mexicano (1906)
24. Manifiesto a la Nación –Plan de San Luis– (1910)
25. Plan de Ayala (1911)
26. Reformas al Plan de Ayala (1913)
27. Manifiesto a la Nación –Plan de Guadalupe– (1913)
28. Adiciones al Plan de Guadalupe (1914)
Presentación 1529. Modificaciones al Plan de Guadalupe (1916)
30. Legislación Preconstitucional (1911-1915)
• Decreto que reforma los artículos 78 y 109 de la Cons -
titución de 1857 (No Reelección)
• Decreto que reforma el artículo 109 de la Constitución
de 1857 (Municipio Libre)
• Ley Agraria
• Ley sobre el Petróleo
• Decreto que adiciona la fracción X del artículo 72 de
la Constitución de 1857 (Trabajo)
31. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que reforma la de 5 de febrero de 1857 (1917)



http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2008/AntecedentesHist/ANTECEDENTES_HIST_2008_web.pdf

¿Cómo surge la constitución?

Discutamos México 

Discutamos México es una serie de programas de televisión y radio, en la que participan alrededor de 500 expertos nacionales e internacionales, donde se exponen datos y puntos de vista actualizados sobre el mundo prehispánico, colonial y el México actual, Discutamos México es una producción especial, realizada con motivo del año del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.

La Constitución de 1917 y el gobierno de Carranza

http://www.youtube.com/watch?v=8z_LGwZqrhg 

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Nuevas Constituciones

A pesar de lo complejo que es promulgar una nueva constitución, diversos países han enfrentado este reto en las últimas cuatro décadas de manera pacífica con el fin de adecuar su marco normativo a las nuevas realidades sociales que enfrentan y consolidar un pacto social diferente.  Entre ellas pueden mencionarse:

Constitución de Portugal                                                       2 de abril de 1976

Constitución Política de la República de Chile                     1980

Constitución Política de la República de Guatemala            31 de mayo de 1985

Constitución de la República Federativa de Brasil                5 de octubre de 1988

Constitución Política de Colombia                                         6 de julio de 1991

Constitución de la Nación Argentina                                     22 de agosto de 1994

Constitución Política del Estado, República de Bolivia         6 de febrero de 1995

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela       20 de diciembre de 1999

Constitución Federal de la Confederación Suiza                   18 de abril de 1999

Casos exitosos de nuevas constituciones  y  pertinencia  del  tema  en  México

Las Constituciones nacen habitualmente en momentos de crisis, con el objeto de resolver contradicciones político-sociales fundamentales.  Es importante resaltar, no obstante, que si bien en la Constitución no se encuentra la llave mágica capaz de resolver todos los problemas de una nación, allí reside parte de lo más importante que se puede hacer, colectivamente, en pos de un cambio.

La gran mayoría de Constituciones latinoamericanas que sobrevivieron hasta el siglo XX siguieron el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América, a pesar de las grandes diferencias históricas, sociales, políticas, económicas, etc., de las primeras respecto de los Estados Unidos.  Durante siglos, las Constituciones latinoamericanas han arrastrado las fortalezas y debilidades de un modelo constitucional ajeno. Manin (1997) destaca entre las debilidades del modelo norteamericano una estructura de poderes con una Legislatura fragmentada y un sistema representativo “que parece diseñado para separar de modo extremo a ciudadanos de representantes”.

Para Gargarella (2010), entre los pendientes de las constituciones latinoamericanas está rediseñar las instituciones del estado “para hacerlas más permeables al debate público; para estrechar los lazos entre representantes y representados; para reducir el impacto del control judicial sobre las políticas mayoritarias; para repensar el rol del Senado; para revisar la función del veto del Ejecutivo; para reajustar los equilibrios entre las distintas ramas del poder.”

En Latinoamérica, por ejemplo, muchas de las reformas constitucionales propuestas en los años 80 –luego de décadas de gobiernos autoritarios- se dirigieron a combatir o amortiguar el híper-presidencialismo, que se identificaba como causa fundamental de la inestabilidad política de las jóvenes democracias regionales. El mal a combatir, entonces, era la inestabilidad, y el principal remedio constitucional, frente al mismo, consistía en la limitación del presidencialismo.

A pesar de que la limitación del presidencialismo se logró sólo parcialmente, la inestabilidad que había caracterizado a un número importante de gobiernos latinoamericanos se redujo considerablemente en las últimas décadas.

La Constitución boliviana, por ejemplo, se propuso terminar con la marginación político-social de los grupos indígenas.  Pocos temas resultaban más cruciales para ese país y fue un mérito del constituyente boliviano haberle hecho frente, aunque marginación de esa magnitud no se resuelve solamente con una constitución diferente.

En el ámbito jurídico, en las nuevas Constituciones latinoamericanas la introducción de Consejos de la Magistratura, por ejemplo, redundó en formas de nombramiento judicial indudablemente más transparentes, como es el caso de la Constitución de la Argentina (Artículo 114); de la Constitución de Colombia (Artículo 254); y de la Constitución del Perú (Capítulo IX).

La nueva Constitución de la Argentina dio jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, a través del artículo 75, inciso 22 (seguramente su principal novedad, en materia de introducción de nuevos derechos); además de prescribir expresamente otros no incorporados en su versión previa, como los relacionados con el medio ambiente, los consumidores, el derecho de información, etc. (artículos 41 y 42).

La Constitución de Bolivia incluye, entre otros, los derechos de los grupos sociales (niños, adolescentes, jóvenes (artículos 58 al 61), las familias (artículos 62 al 66), adultos mayores (artículos 67 a 69), personas con discapacidad (artículos 70 a 72), personas privadas de libertad (artículos 73 y 74), pueblos indígenas (artículos 30 a 32), usuarios y consumidores (artículos 75 y 76). También hace referencia a los derechos económicos, al medio ambiente (artículos 33 y 34), a la salud y seguridad social (artículos 35 a 45), al trabajo (artículos 46 a 55), a la propiedad (artículos 56 y 57), a los derechos sexuales y reproductivos (artículo 66); a la educación (artículos 77 a 90), las culturas (artículos 98 a 102), el deporte (artículos 104 y 105), y la comunicación (artículos 106 y 107).

La Constitución de Brasil establece los principios de la actividad económica, de la política urbanística (artículos 182 y ss.), la agrícola (artículos 184 y ss.) y la financiera (artículo 192); a la vez que refiere a los derechos derivados del “orden social” (artículo 193), la salud (artículo 196), la previsión social (artículos 201 y 202), la educación ( artículo 205), la cultura (artículos 215 y 216), el deporte (artículo 217), la ciencia y tecnología (artículos 218 y 219), la comunicación social, el medio ambiente ( artículo 225); y regula los derechos de la familia, el niño, el adolescente, los ancianos y los indios (artículo 226).

La Constitución de Colombia también incluye una larga lista de derechos, ordenada en derechos fundamentales (título II, capítulo 1); sociales, económicos y culturales (título II, capítulo 2); colectivos y del ambiente (título II capítulo 3); derechos de los habitantes y del territorio (título III); derechos de participación democrática y de los partidos políticos (título IV).

La Constitución del Ecuador incluye una larga sección dedicada a los derechos (Título II), que incluyen derechos del buen vivir (capítulo 2, referido a los derechos al agua y alimentación; al ambiente sano; a la comunicación e información; la cultura y ciencia; la educación; el hábitat y la vivienda; la salud; y el trabajo y la seguridad social); derechos de las personas y grupos de atención prioritaria (capítulo 3, que incluye los de las personas adultas y mayores; los jóvenes; los de las mujeres embarazadas; los niños; los adolescentes; los discapacitados; las personas con enfermedades catastróficas; las personas privadas de libertad; los usuarios y consumidores); los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (capítulo 4); los de participación (capítulo 5); libertad (capítulo 6); y naturaleza (capítulo 7).

Por otro lado, Gargarella (2010) señala que una de las características de los nuevos textos constitucionales en Latinoamérica, es que reforzaron su carácter neutralmente religiosos.  La Constitución de la Argentina, por ejemplo, suprimió el requisito de pertenecer a la religión católica para ser presidente o vice de la Nación, como en su formulación anterior; la de Bolivia eliminó a la religión católica como religión oficial (artículo 4); la de Colombia también puso fin a la idea de que el catolicismo era religión oficial (artículo 19); la del Ecuador ”invoca” el nombre de Dios, en su preámbulo, a la vez que reconoce ”nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad.”

Es importante resaltar que los nuevos derechos contenidos en nuevas Constituciones no se convierten mágicamente en realidad.  Pero es un hecho que la ausencia de tales derechos tiende a impedir su posible, y por demás deseable, materialización.

Finalmente, Gargarella (2010) advierte que las modificaciones que se hacen sobre una parte de la Constitución suelen tener impacto sobre el resto de la Constitución.  Este hecho advierte sobre las limitantes de las reformas Constitucionales parciales, especialmente en el caso de múltiples reformas consecutivas que han llegado a sufrir textos constitucionales como el mexicano. 

En este sentido la reforma política aprobada en México el 21 de abril del 2012 es un caso ilustrativo.  Se aprobó la figura de candidaturas independientes, pero estas no pueden operar hasta que no existan las reformas subsecuentes que realmente permitan su funcionamiento.También la reforma judicial en México, que tomó años concretar, está pendiente de ratificación en 20 de los 31 estados.  Lo anterior ilustra la enorme dificultad que enfrentan reformas importantes pendientes en México; primero el calvario del consenso entre los partidos; posteriormente la adecuación del marco normativo secundario; posteriormente su ratificación en las legislaturas locales; y así sucesivamente.

Bibliografía:

Manin, B. (1997), The Principles of Representative Government, Cambridge: Cambridge University Press.

Gargarella, Roberto (2010), El nuevo constitucionalismo latinoamericano: Promesas e interrogantes.