2017: La nueva Constitución

Maite Azuela

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/06/59129.php

Con la alternancia del 2006 la euforia por consolidar la transición democrática despertó el natural interés de construir un nuevo pacto social. Perdimos la oportunidad para dotarnos de reglas nuevas que constituyeran un contrato nacional actualizado, con el objetivo de colocar al ciudadano en el centro de la vida pública. Fue un momento clave para capitalizar el entusiasmo que generaba dejar atrás el gobierno del partido hegemónico y  más de medio centenario en el que la oposición sólo jugó un papel secundario en la toma de decisiones.

Pueden ser muchas y diversas las razones por las que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón se decidieron a ser los impulsores de esta labor. Habrá quien interprete su omisión en términos de imposibilidad político-estructural, habrá quien lo lea como un acto consciente de autolimitación. El hecho es -como comenta Cesar Cansino-  que contando con todo el trabajo que impulsó Porfirio Muñoz Ledo en la Comisión de estudios para la Reforma del Estado, Fox disolvió el esfuerzo con la típica práctica dilatoria que convoca a mesas de diálogo para convertir lo que debía ser una decisión de Estado en un proceso burocrático. Así abandonó disimuladamente la causa. Lo mismo sucedió con el proyecto de reforma del Estado, cuya comisión legislativa encabezó Manlio Fabio Beltrones, que a pesar de la cantidad de recursos económicos con que contó, no produjo un solo cambio. Calderón tenía menor capital político que Fox así que midiendo su fuerza lanzó un proyecto de reforma política mutilado desde su gestación.  Sabemos ya todos lo que ha resultado de esa iniciativa, que  además puede de quedarse sin ser aprobada en los congresos locales, una vez terminado este sexenio. 

El tema se diluye si se olvida. La atención ahora se concentra en los procesos electorales. Se colocan todas las expectativas de cambio en quienes van a ocupar la silla presidencial. Y parece que los aspirantes a sentarse ahí no tienen en mente la necesidad de una nueva Constitución. Vázquez Mota porque, a pesar de ella misma, representa la continuidad de los gobiernos panistas que no tuvieron la habilidad ni la determinación para reconstruir el marco normativo en el que la democracia no fuera un reducto de los procesos electorales. Peña Nieto y su partido tuvieron intentos, incluso durante las dos últimas legislaturas, de construir mayorías artificiales y cerrar los procesos democráticos a sistemas representativos piramidales, cancelando cualquier posibilidad de aspirar a sistemas democráticos participativos. López Obrador no puede ahora renunciar a la autocontención para no asustar a quienes pueden verlo como un peligro, pero en su discurso tampoco se deja ver alguna intención de recurrir a un nuevo constituyente para habilitar reglas distintas. Tampoco hay en los discursos de quienes pretenden ser legisladores alguna señal de que impulsaran una reforma integral de largo plazo.

El tema no parece ser apropiado en este momento. En los cálculos de los candidatos hablar de una nueva Constitución resta puntos. Sin duda replantear la Carta Magna tiene riesgos. Lo menos que genera es escepticismo. Las dudas se pueden disipar con argumentos, pero la alerta puede enquistarse en el temor a un retroceso autoritario. No es en los partidos ni en los candidatos en donde veremos el impulso de un cambio jurídico integral, porque saben que sus privilegios correrían riesgo.

Serán los integrantes de la academia, los intelectuales, la sociedad civil organizada, los activistas y estudiantes, quienes den hilo al tejido de este nuevo pacto. El esfuerzo que tiene ya avanzado el Instituto de Estudios de la Transición Democrática (IETD) para repensar nuestro sistema político como un modelo parlamentario con miras a resolver la desigualdad, el foro convocado por La Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) la semana pasada en Jalisco para reflexionar sobre las posibilidades de contar con una nueva Constitución, la agenda que el movimiento #yosoy132 genere una vez superado el proceso electoral y los acuerdos de la Cumbre Ciudadana, son semillas que pueden darle vida y articulación a este proyecto.

Suena descabellado pero vale la pena imaginarlo. Amanezcamos el 5 de febrero de 2017 con una Nueva Constitución en la que no nos conformemos más con una democracia representativa y aspiremos a ser una democracia participativa con una sociedad igualitaria.